ORGANIZACION DE JUSTICIA VENEZOLANA
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Politica y Justicia Penal: Mezcla Fatal

Por: Yonathan Mustiola Fonseca.

Durante la madrugada del primero de agosto de 2017, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al mejor estilo de la Seguridad Nacional de la otrora dictadura de Marcos Pérez Jiménez, trasladaron al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma y  al líder político Leopoldo López, desde sus respectivas residencias donde cumplían con medidas de arresto domiciliario, hasta la Cárcel Militar de Ramo Verde.

De inmediato el por qué de estas detenciones se hizo viral, Globovisión en su portal web señaló que tanto a Ledezma como a López, le habían sido revocadas las medidas cautelares de las que ambos gozaban, al haber “incumplido las condiciones” de las mismas. Más allá de ver esta acción como una nueva arremetida contra los Derechos Humanos en Venezuela, resulta relevante analizar desde el punto de vista del Proceso Penal venezolano vigente, si las decisiones por las cuales se acordó conceder y luego revocar estas medidas, fueron cónsonas con la Ley adjetiva penal, el procedimiento vigente y por ende, si fueron ajustadas a Derecho o, por el contrario, violatorias del Debido Proceso.

Recordemos que el Alcalde Ledezma, fue acusado por Conspiración y Asociación para Delinquir, en febrero de 2016 se celebró la audiencia preliminar en el Tribunal Sexto de Control de Caracas, donde se acordó el pase a la fase de juicio y aunque parezca insólito, hasta el momento de la fuga de Ledezma a finales de 2017, el expediente aún no había sido distribuido a un Tribunal de Juicio. Ledezma estuvo detenido preventivamente hasta finales de abril de 2015, cuando se le sustituyó la medida preventiva de libertad, por una medida cautelar consistente en arresto domiciliario, al estar convaleciente por una intervención quirúrgica.

Al parecer, el otorgamiento de estas medidas de arresto domiciliario contenían adicionalmente una prohibición de “…emitir declaraciones ante cualquier medio…”, lo cual podría ser factible, a través del otorgamiento de la medida cautelar innominada, dispuesta en el artículo 242.9 del COPP. Sin embargo, el otorgamiento de una medida cautelar nominada o innominada, no puede contener prohibiciones que afecten el ejercicio del Derecho a la Libertad de Expresión y Libertad de Conciencia, son Derechos protegidos por nuestro Texto Constitucional en sus artículos 57 y 61, respectivamente, ya que las medidas cautelares en el proceso penal pueden restringir excepcionalmente, sólo algunos derechos como el de la Libertad y el Libre Tránsito.

Resulta curioso en este contexto que no era la primera vez que el Alcalde Ledezma hacía declaraciones y difundía las mismas a través de redes sociales. Al ingresar a la red social YouTube y colocar en el buscador “Antonio Ledezma”, se pueden ver videos del Alcalde dirigiéndose al país, en agosto de 2016 y julio de 2017. Pero al parecer este último video fue “la gota que derramó el vaso” para que el Juez Sexto de Control de Caracas (seguramente siguiendo una instrucción de arriba), revocara la medida cautelar, actuando fuera de su competencia, ya que al haber ordenado el pase a juicio, se desprendía del expediente.

Respecto a Leopoldo López, recordemos que el 07 de julio de 2017 la Sala de Casación Penal del TSJ acordó una “medida humanitaria” a su favor, otorgándole arresto domiciliario. Todo ello, con ocasión al avocamiento de oficio por parte de la referida Sala, por irregularidades en la distribución del expediente de López a un Tribunal de Ejecución y por su situación de salud.

Primeramente, es necesario hacer mención al avocamiento como justificación de la Sala para conocer el caso de López. Esta institución jurídica es definida por la RAE como la acción de traer la resolución de un asunto o causa cuya decisión correspondería a un órgano inferior. Para el momento que se otorga a López esta medida, la causa seguida en su contra tenía autoridad de cosa juzgada y estaba a la espera de enviar el expediente a un Tribunal de  Ejecución para (valga la cacofonía) ejecutar la sentencia dictada en su contra.

El avocamiento corresponde a las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia y las normas que estipulan el procedimiento para su aplicación están en los artículos 106 al 110 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 110 de la precitada Ley señala que la sentencia que se dicte una vez la Sala se haya avocado, consistirá en una suerte de reordenación del proceso, decretando nulidades o reposiciones del juicio u otros actos procesales, hasta restablecer el orden jurídico infringido.

Siendo esto así, puede indicarse que el avocamiento en el caso de Leopoldo López es improcedente, pues la justificación de la Sala de Casación Penal además de resultar débil, es incongruente con lo que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. El estado de salud de López y las “irregularidades” con respecto a la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución, lo cual es un trámite meramente administrativo y ajeno al proceso; no se traduce en lo más mínimo, en un grave desorden procesal, violaciones graves al ordenamiento jurídico, en detrimento del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática. Sin embargo, bajo esta figura (avocamiento) la Sala de Casación Penal se avoca al conocimiento de la causa de López y le otorga casa por cárcel bajo una medida humanitaria.

Otro detalle interesante de analizar con el caso de López, es la errónea interpretación de la Sala entre la medida de arresto domiciliario y la medida humanitaria. Las medidas cautelares como la de arresto domiciliario, son medidas de coerción personal y se dictan mientras hay un proceso en curso, para garantizar los resultados de la investigación efectuada por el Ministerio Público. Éste no era el caso de López, ya que no había proceso activo en su contra, por lo cual resulta incongruente el otorgamiento de una medida cautelar.

Con respecto a la medida humanitaria, resulta igualmente erróneo acuñar esta figura para justificar el arresto domiciliario, ya que estas medidas corresponden de suyo, a la fase de ejecución, tras la verificación por parte del Ministerio Público y el Tribunal, que el penado adolece de una enfermedad grave, acreditado por un médico forense y la enfermedad debe estar dentro de las consideradas como graves, por la Organización Mundial de la Salud.

Cumplidos y verificados tales extremos, se procede al otorgamiento de la medida humanitaria, bajo la figura de la fórmula alternativa al cumplimiento de la pena consistente en la Libertad Condicional, última fórmula ésta a la que opta el penado, tras la aplicación de la tríada de formas alternas de cumplimiento de pena que conforman el régimen penitenciario venezolano.

Ahora bien, volviendo a la detención de Leopoldo López, al igual que el Alcalde Ledezma, se le revoca la medida concedida, por uno o varios videos difundidos por este en redes sociales, con lo cual consideró el Tribunal Quinto de Ejecución de Caracas, había incumplido con la pena accesoria a la de prisión consistente en inhabilitación política, al estimar que mediante estos videos hacía proselitismo político. Acá el Tribunal de Ejecución que ahora lleva el caso de López erró totalmente con su decisión, pues la inhabilitación política como pena accesoria no implica prohibición de proselitismo político, sino prohibición de ejercer cargos públicos y ejercer el sufragio.

Tras este análisis se podrían establecer algunos puntos concluyentes: En primer plano, resulta más que notorio que los procesos penales seguidos a Ledezma y López, han estado plagados de irregularidades y violaciones a Derechos y Garantías Constitucionales de principio a fin. No quedan a salvo, los actos procesales ejecutados para el otorgamiento de las medidas de arresto domiciliario y la revocación de las mismas, lo cual no es más que la consecuencia de mezclar la política y la justicia penal, mezcla ésta fatal y peligrosa, cuando quien detenta el poder político, en este caso el Gobierno, no dispone de un sistema de justicia penal autónomo e independiente.

Hay un aspecto común para ambos casos, que hace más ilegal estas acciones judiciales, y es que Ledezma y López fueron detenidos en el libre ejercicio del derecho a expresar una opinión, lo cual no deviene en conducta criminal. En un Estado Democrático basado en la libertad como el nuestro, para que una conducta humana sea considerada delito, debe atenderse al principio penal del acto, el cual señala que si la exteriorización de la voluntad humana causa una lesión grave a un bien jurídico tutelado, habrá un hecho punible. Por lo cual, está totalmente proscrita la punición de las ideas, el pensamiento, la personalidad, el carácter o la forma de ser, lo cual en cambio sí concibe el Derecho Penal de autor, propio de Estados Totalitarios.

Urge al país un Sistema de Justicia probo, independiente y autónomo, apolítico y cónsono con los estándares más básicos de aplicación de justicia penal y así, dejar de ser comparados con Sistemas como el Nazi ya proscrito pero no olvidado, o el Sistema Judicial chino, cuyo fin es garantizar la dictadura del proletariado, concepto este tan vetusto como incongruente con cualquier Estado de Derecho.

Nota: Redactado el 03/08/2017 y reeditado el 15/07/2018

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