ORGANIZACION DE JUSTICIA VENEZOLANA
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Justicia militar en venezuela

Introducción:

Durante el año 2017 la justicia militar venezolana se ha convertido en la nueva herramienta del Gobierno venezolano para contrarrestar a la disidencia.

Durante las protestas contra el Gobierno en 2017, la justicia penal militar cobró vigencia, iniciando su arremetida con el juzgamiento de civiles ante la justicia castrense por el solo hecho de protestar. A la par de la represión contra manifestantes, la justicia militar también ha sido protagonista en casos de supuestas conspiraciones e intentos de golpes de Estado, donde están siendo juzgados civiles y militares.

Prácticamente a la par de esta persecución de militares contra civiles manifestantes en 2017, se inicia una nueva oleada de persecución de la justicia militar contra presuntos golpistas y conspiradores. Esta persecución se incrementó en 2017, por los casos asociados al ex funcionario policial hoy fallecido Oscar Pérez.

Este personaje tuvo otras intervenciones en acciones dirigidas contra el Gobierno de Nicolás Maduro y a mediados de  diciembre de 2017, se le atribuyó el robo del parque de armas a un Comando de la Guardia Nacional del estado Miranda, por lo cual hoy hay un grupo de militares y civiles detenidos y juzgados por la justicia militar, los cuales en su gran mayoría están siendo asistidos por el equipo de abogados de Justicia Venezolana.

Durante la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente del 15 de agosto de 2017, su presidenta Delcy Rodríguez indicó que siguiendo instrucciones del Presidente Maduro, los casos penales seguidos a civiles en Tribunales Militares, serían enviados a la Justicia Penal Ordinaria. Sin embargo, a la fecha aún existen casos de civiles que permanecen en la jurisdicción militar.

El juzgamiento de civiles sometidos a tribunales militares constituye un claro ejemplo de cómo la justicia militar en Venezuela es violatoria de la Constitución, pues el artículo 49 prevé el derecho de los ciudadanos al debido proceso y a ser juzgados por sus jueces naturales.

Sin embargo, el juzgamiento de civiles en tribunales militares no es la única situación a ser analizada respecto a la justicia militar venezolana, pues recordemos que tenemos en Venezuela un Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) que fue puesto en vigencia durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y data del año 1939, el cual concibe a la justicia penal militar como parte del Poder Ejecutivo y no como parte del Poder Judicial como lo señala la Constitución vigente en su artículo 261.

El COJM establece por ejemplo, que el Presidente de la República es funcionario del Poder Judicial y puede ordenar que se sentencie el sobreseimiento en un caso. También puede el Presidente de la República, nombrar a los Fiscales Militares y éstos curiosamente no forman parte del Ministerio Público, como órgano constitucional del Sistema de Justicia que pertenece al Poder Ciudadano.

En tal sentido, si hasta ahora han sido innumerables las denuncias por la falta de independencia de los jueces penales venezolanos, bajo este panorama se hace más palpable y evidente la falta de autonomía e independencia de los jueces militares en Venezuela tras la clara intromisión del Poder Ejecutivo en la Justicia Militar.

Si bien hay una Defensoría Pública en materia penal militar, ésta al igual que los Tribunales y la Fiscalía Militar, carece de total independencia y autonomía en el ejercicio de sus funciones, necesaria para poder pelear estos casos de corte político, con toda la objetividad y valentía que son necesarias y es por ello que ya desde 2017, nuestra organización se ha dedicado de lleno a la atención de estos casos, prestando asistencia legal tanto a civiles como a militares privados de libertad y juzgados ante la justicia militar, a la par de prestar apoyo a los familiares de los detenidos.

 

Si bien el proceso se desarrolla en gran parte, por las normas del Código Orgánico Procesal Penal, no olvidemos que se trata de un COJM con casi 80 años de vigencia sin que haya sido objeto de una reforma sustancial, lo cual genera en ocasiones situaciones anacrónicas en algunas oportunidades, como por ejemplo el arresto de abogados por “irrespeto” al uniforme militar o el arresto del abogado que presente una recusación contra un Juez sin aportar pruebas.

Todo lo cual genera que tengamos en Venezuela una justicia militar vetusta y guiada por normas y jerarquías militares no acordes con los estándares mundiales en materia de justicia penal, que no hace más que generar desinformación y restricción en el acceso a la justicia, además de graves violaciones a los Derechos Humanos.

En teoría, la Justicia Militar en Venezuela cumple con su propósito ideológico de regular conductas y limitar libertades, pero ha fracasado en cuanto al seguimiento de sus verdaderos objetivos. No hay prueba más evidente que las intromisiones del Poder Ejecutivo dentro de la Justicia Militar, para controlar un proceso que es de las partes; y dentro del Legislativo, para crear Jurisdicciones Penales especiales como la Militar, vulnerando todos los principios que sirven a una verdadera justicia autónoma, imparcial e independiente.

El Derecho Penal Militar en Venezuela no es más que el brazo armado de la ideología gubernamental, legitimado como otra expresión microfísica de poder para la represión. En tal sentido, han querido regodearlo con el Derecho Penal de esencia netamente garantista y de recia oposición al antiguo régimen totalitarista, lo cual en la práctica está totalmente alejado de la realidad.

De allí es que consideramos en nuestra organización que la Justicia Penal Militar en Venezuela, no sólo carece de autonomía, imparcialidad e independencia, resultando un apéndice más del Poder Ejecutivo, sino que también funciona bajo leyes sustantivas y adjetivas totalmente alejadas de la realidad actual que no ha de ser otra, que aquella en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos.

Es por lo señalado, que desde Justicia Venezolana consideramos necesario en primer lugar, elaborar una propuesta de cambio en el actual sistema de justicia militar venezolano, que comprenda una reforma de su actual estructura dependiente “legalmente” del Poder Ejecutivo y también una propuesta de reforma de su Ley Sustantiva y Adjetiva en materia penal, con apoyo de un estudio de Derecho Comparado con el sistema de Justicia  Militar Colombiano.

Como segunda parte del proyecto, está la difusión de estas propuestas de reforma a través de foros dictados en las Facultades de Derecho en universidades venezolanas y extranjeras, así como también organismos internacionales. Dichos foros serán impartidos por los abogados que forman parte de nuestra organización, dada su experiencia en la materia, así como también académicos venezolanos y extranjeros invitados, con reconocida trayectoria y experticia en el área.

Esta serie de foros no solamente serán como ya se indicó, para dar a conocer la propuesta de reforma, sino también para exponer la situación actual en Venezuela de los Derechos Humanos durante procedimientos penales, en casos políticos ante la justicia militar.

La tercera y última etapa del proyecto, es que una vez se tenga apoyo de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la Universidad Externado de Colombia y el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL), presentar esta propuesta de reforma ante la Asamblea Nacional, como único órgano legítimo del Poder Legislativo venezolano.

CONCEPTO

Misión: Celebración de congresos y foros de corte académico, donde se exponga la situación de los DDHH en Venezuela durante los procedimientos penales militares y asimismo, exponer una propuesta de reforma de la justicia militar venezolana, como plausible escenario de una eventual justicia de transición.

Visión: Elevar ante la Asamblea Nacional con apoyo de organismos internacionales, una propuesta de reforma a la justicia militar venezolana; Que nuestra organización sea punto de referencia para denuncias de violación de DDHH en procedimientos penales militares y punta de lanza con respecto a reformas en la justicia penal militar venezolana.

Objetivos:

  • Elaborar un proyecto de reforma al sistema de justicia militar venezolano, con apoyo de un estudio de Derecho Comparado con la Justicia Militar Colombiano.
  • Difundir el proyecto de reforma a través de foros y congresos de corte académico a Facultades de Derecho nacionales, internacionales y organismos internacionales interesados en apoyar la propuesta.
  • Presentar ante la Asamblea Nacional venezolana el proyecto de reforma estructural del sistema de justicia penal venezolano.

ALCANCE

Una vez estructurada y debidamente elaborada la propuesta de reforma de la justicia militar venezolana, nuestra organización tiene la intención de emprender un plan de difusión en las Facultades de Derecho de las principales Universidades nacionales, así como también universidades internacionales interesadas en el tema. De igual modo pretendemos incursionar para presentar este proyecto, ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJAS) y la Fundación Konrad Adenauer.

Finalmente, nuestra organización tiene la intención de presentar este proyecto de reforma, ante la plenaria de la Asamblea Nacional venezolana, como único órgano legítimo del Poder Legislativo en Venezuela.

ALCANCE MEDIÁTICO

Es necesario organizar una gira de medios de por lo menos 2 meses, que comprenda reuniones con las autoridades de las Facultades de Derechos que accederán a que se dicten los foros en sus respectivas casas de estudio, lo cual es necesario acompañar de una conferencia de prensa con participación de medios nacionales e internacionales, en la cual se informarán las fechas de celebración de los foros, así como cualquier otra información complementaria.

¿QUÉ SE NECESITA?

En principio, a medida que se desarrolle el proyecto, será necesaria la conformación de tres grupos o comités de trabajo, en los siguientes términos:

  1. Grupo de trabajo para la redacción de la propuesta de reforma: compuesto por 3 de los Directores de nuestra organización como redactores e investigadores principales y 3 estudiantes de Derecho que prestarán un servicio de asistencia y pasantía a los redactores. Asimismo, será necesaria la participación activa de nuestro Director de Medios y el encargado de la identidad visual, para la difusión de los avances del proyecto. Finalmente se requerirá de un jefe de Finanzas, con experiencia en el área contable, a los fines que lleve las cuentas sobre los gastos que se generen.
  1. Comité para la gira de medios: 2 de los Directores principales de nuestra organización, nuestro Director de medios y los encargados de la identidad visual y finanzas respectivamente.
  1. Comité del Foro: 2 organizadores de la logística en enlace con las universidades donde se dictarán los foros; 6 ponentes, nuestro Director de medios y los encargados de la identidad visual y finanzas respectivamente.

Los costos para la ejecución del proyecto que comprenden: elaboración o redacción, organización, difusión, diseño de identidad visual, publicación de un ejemplar que contenga las ponencias dictadas en los foros y pago por prestación de servicios u honorarios profesionales, está abierto a ser definido. Asimismo está por definir, si la inscripción en los foros será gratuita o no.

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