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El tsj de dos pilitas vs. Luisa Ortega Díaz

Por: Yonathan Mustiola Fonseca

La persecución contra Luisa Ortega Díaz por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, inició tras su declaración del 31 de marzo de 2017, con ocasión a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaron a la Asamblea Nacional de sus facultades y la declaraban en desacato. Al respecto Ortega Díaz señaló que había una ruptura del orden constitucional; el mismo día, el Presidente Maduro convocó al Consejo de Defensa de la Nación, donde  exhortó al TSJ a reconsiderar los referidos fallos. A partir de estas declaraciones, la Fiscal General de la República cayó en desgracia con el Gobierno Nacional.

El primero de mayo del año pasado, el Presidente anunció la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre lo cual la Fiscal General para ese entonces manifestó su desacuerdo, presentando ante el TSJ distintas acciones para anular esta convocatoria, recibiendo siempre una respuesta negativa por parte del Máximo Tribunal. El 12 de junio de 2017, la ex Fiscal General pidió anular el nombramiento de los Magistrados (express) designados el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional con mayoría oficialista, alegando que este nombramiento incumplió con el procedimiento establecido en la Ley del TSJ, negando el Alto Tribunal  nuevamente la petición de la Fiscal. El 13 de junio del año pasado, Ortega Díaz en su condición de Fiscal General  solicita el antejuicio de mérito contra los Magistrados que firmaron las sentencias 155 y 156, por conspiración a la forma republicana de la Nación, demanda ésta también negada por el TSJ.

Pocos días después, se supo de las declaraciones de María José Marcano, ex Secretaria del Consejo Moral Republicano, quien se encontraba en funciones para el momento de la designación de los Magistrados Express, ésta ratificó los señalamientos de Ortega Díaz, indicando incluso haber sido amenazada por el Defensor del Pueblo, Tarek William. Hoy Marcano se encuentra asilada en los Estados Unidos de América.

El 16 de junio del año pasado, el para ese entonces Diputado oficialista Pedro Carreño, solicitó el antejuicio de mérito contra la Fiscal por la comisión de delitos establecidos (según su dicho) en la Constitución, solicitando igualmente medidas cautelares contra Ortega Díaz, consistentes en la congelación de cuentas bancarias, prohibición de vender bienes y prohibición de salida del país. Todo lo cual, fue acordado por el TSJ, quien fijó una audiencia el 4 de julio de 2017, estando entre el equipo de Defensa de Ortega Díaz, el Magistrado del TSJ en el exilio (detenido y enjuiciado por Tribunales Militares) Ángel Zerpa Aponte.

El mismo 4 de julio de 2017, el TSJ juramentó a Katherine Harrington como Vice Fiscal de la República, tras la anulación por parte del TSJ de la designación de Rafael González para este cargo, que hiciera Luisa Ortega Díaz. Desde la designación de la Vice Fiscal por parte del TSJ, la Institución del Ministerio Público sufrió una suerte de paralelismo; en los Tribunales Penales de Caracas por ejemplo, comenzó a reinar el caos, al existir una Fiscalía al mando de Luisa Ortega y otra, a los designios del TSJ y dirigida por Harrington. Hubo procedimientos presentados en la Oficina de Flagrancia por parte de los Fiscales de Ortega Díaz y otros, presentados directamente en la Oficina Distribuidora de Expedientes o directamente en el Tribunal. Incluso administrativamente reinó el caos, pues en las sedes Fiscales de Caracas, se prohibió la entrada de los alguaciles de los Tribunales Penales, trayendo esto como garrafal consecuencia, retardo procesal por pugnas meramente políticas de las cuales el ciudadano no tiene culpa.

El 07 de julio de 2017, sucede una curiosa situación en la sede del Ministerio Público de la avenida Urdaneta, la Vice Fiscal designada por el TSJ, ingresó a las instalaciones en el interior de la maleta del vehículo automotor de su ex compañera Narda Sanabria, Fiscal que acusó a Leopoldo López en 2014, Harrington fue desalojada de la sede del Ministerio Público. Sin embargo, eso no detuvo a la Fiscal de la Maleta (como fue llamada por algunos), pues bien sea para infundir temor o captar personal que apoya la gestión de Ortega Díaz, efectuaba constantes visitas sorpresa a los Tribunales Penales y presenta procedimientos para agraciarse más con el régimen, como por ejemplo el caso del violinista Wuilly Arteaga.

Llegó agosto del pasado año y con él, la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Declaran en emergencia al Ministerio Público, destituyen a Luisa Ortega Díaz, ésta se ve obligada a desalojar de manera abrupta la sede del Ministerio Público y se nombra provisionalmente en su lugar, al Defensor del Pueblo, Tarek William. Mientras tanto, Ortega Díaz señala ser la nueva perseguida del Gobierno y señala en declaraciones dadas al diario El Nacional que continúa llevando investigaciones contra el Gobierno venezolano.

​Resulta interesante que Luisa Ortega Díaz, justo cuando el Ejecutivo la apartó, pone a luz pública el procedimiento viciado de designación de los llamados Magistrados Express. Hoy Ortega Díaz está asilada en Colombia y todo este tiempo, bajo la investidura de Fiscal General de la República, ha protagonizado varias acciones dirigidas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, como las denuncias por el caso Odrebreth, denuncias y demandas ante la Corte Penal Internacional y ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, tal vez en una filosofía de expiar sus culpas, sobre todas aquellas acciones que ejecutó con mano dura cuando era la Fiscal del régimen, acciones éstas que la gente no olvidará.

Un país del cual se dice tiene “seguridad jurídica”, es aquel donde su Constitución y sus Leyes son duraderas y determinadas, sin cambios imprevistos, frecuentes o a capricho; lo cual brinda a sus habitantes tranquilidad. Al ser poco probable que un país con seguridad jurídica se aísle del mundo, ésta tranquilidad que transmite es vista por la comunidad internacional, quien gustosamente invierte en ese país. Ahora bien, un país que cambia a su gusto y antojo la Constitución, y como primera decisión de sus Constituyentes está la de remover, perseguir y asediar de una forma totalmente dantesca a la Fiscal General de la República, sencillamente porque ya no es de su bando ¿Es un país con seguridad jurídica? ¿Es un país bien visto por la comunidad internacional? Pareciera que el no, es una respuesta más que obvia.

Nota: Redactado el 14/08/2017 y reeditado el 15/07/2018.

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