JUSTICIA VENEZOLANA

¿Cómo estamos luego de treinta años del Caracazo?

Por: Yonathan Mustiola, director de Justicia Venezolana

En 1989 Carlos Andrés Pérez apenas iniciaba su segundo mandato como presidente en Venezuela, asumiendo el mandato de un país con complicaciones económicas, consecuencia de la implementación de políticas tales como control cambiario, control de precios y también corrupción (seguro suena familiar). Gracias a sus predecesores, el copeyano Luis Herrera Campins entre 1979-1984 (Padre del Viernes Negro y RECADI) y el adeco Jaime Lusinchi entre 1984-1989.

Pérez inicia con muy mal pie su segundo mandato, cuando implementa una serie de medidas económicas promovidas por el Fondo Monetario Internacional. Tales medidas como el aumento en las tarifas del transporte público y el aumento de la gasolina, resultaron impopulares para la población, lo cual ocasionó revueltas populares que se iniciaron en la ciudad de Guarenas del estado Miranda el 27 de febrero de 1989 y se replicaron hasta el día siguiente con mayor fuerza en la ciudad de Caracas y también en la Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

Estas revueltas fueron fuertemente reprimidas por los órganos de seguridad del Estado, entre los que estaban la Policía Metropolitana, las Fuerzas Armadas del Ejercito y la Guardia Nacional, algunas cifras oficiales indican que se registraron por los menos 300 fallecidos y alrededor de 1000 heridos. Sin embargo, estas cifran quedan en entredicho, tras la aparición de fosas comunes como “La Peste” en el Cementerio General del Sur en Caracas.

Además de las erróneas políticas que trajeron como consecuencia esta revuelta popular y la represión a la ciudadanía por parte de los órganos de seguridad del Estado, el Ejecutivo militarizó las principales ciudades, activó el Plan Ávila que confería al ejercito la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de fuego contra la ciudadanía para contener manifestaciones, se suspenden algunas garantías constitucionales, entre ellas el Derecho al Libre Tránsito a partir de las 6 de la tarde, hora en la cual todos debíamos estar en nuestras casas porque comenzaba el toque de queda. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos 10 años después de estos sucesos, condenó al Estado venezolano a indemnizar a familiares de 45 personas asesinadas durante el Caracazo.

Han pasado 30 años de esta situación y hoy, somos gobernados por políticos cuya legitimidad pende de un delgado hilo, dadas una serie de situaciones sistemáticas por ellos ejecutadas, que pasan fácilmente una lista de chequeo sobre violación de los Derechos Humanos, supuestamente es un Gobierno socialista, es decir que, en teoría, debería propugnar la igualdad política, social y económica de todas las personas.

Al ver hoy nuestra historia de hace 30 años, vemos que el Gobierno ha dado un abismal retroceso en cuanto a Derechos Humanos se refiere, se ha olvidado por completo el principio de progresividad de los Derechos Humanos, es definitivo, Venezuela se ha convertido en un Estado criminal. Basta con ver los hechos registrados hace 4 días en Táchira y Santa Elena de Uairén, donde no se activó un Plan Ávila, pero la población fue reprimida con armas de fuego. Hace 30 años por lo menos se guardaron las formas, hoy eso no se ha hecho necesario, hoy eso no ha importado, pues hoy estamos muy alejados de lo que es un verdadero Estado de Derecho.

Lo poco transcurrido de 2019 en el país, equivale por lo menos a 10 Caracazos remasterizados.

Organización de Justicia Venezolana

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