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Alcaldes condenados, juicios en ausencia y principio de legalidad

Por: Yonathan Mustiola Fonseca

Entre los meses de julio y agosto de 2017, cinco Alcaldes opositores al Gobierno de Nicolás Maduro fueron condenados por la Sala Constitucional del TSJ a cumplir penas de prisión, ordenando su captura con alerta roja internacional, inhabilitación política y el cese en sus cargos. Todo ello, a través de un procedimiento judicial creado para la ocasión y llevado a cabo en ausencia de los Alcaldes enjuiciados.

 

Recordemos que esta persecución de la Sala Constitucional contra los Alcaldes, inició con la presentación de una demanda de Amparo Constitucional, con Medida Cautelar, en las cuales se ordenaba a los Alcaldes opositores, impedir el Derecho a las manifestaciones y protestas de 2017. En palabras sencillas se buscaba con estas acciones de amparo constitucional, detener el ejercicio del derecho a manifestar, por parte de algunos de los ciudadanos presuntamente residentes de los Municipios sobre los cuales se demandó.

La Sala Constitucional desde sus inicios, al amparo de la controversial “jurisdicción normativa”, ha anulado y reformado leyes, creado procedimientos paralelos a los existentes en leyes vigentes, resucitado normas anuladas, entre otros; abrogándose como propias competencias del Poder Legislativo, lo cual en este contexto de país se ha intensificado más, desde que la Sala Constitucional consideró a la Asamblea Nacional en “desacato”, desconociendo así sus actos.

En esta suerte de procedimiento de “desacato” cual traje hecho a la medida de los Alcaldes opositores, la Sala ordenó la aprehensión de cinco de ellos. Logrando la privación de libertad únicamente del Alcalde del Municipio Iribarren, Alfredo Ramos. La Sala justifica el dictamen de estas aprehensiones, considerando que los Alcaldes han desobedecido la medida de amparo cautelar, consistente en que impidan la obstaculización de las vías e impidan las protestas en sus municipios.

En cada caso, se desarrollaron las audiencias correspondientes, donde de una manera poco inteligible, se sustanció un juicio, e incluso hubo evacuación de pruebas y debate; todo ello, en ausencia de los enjuiciados, para luego ser condenados a penas de prisión, sobre la base de una norma que no constituye delito; se ordena su captura aun cuando la detención en nuestro Sistema de Justicia es excepcional, y además son removidos de sus cargos, aplicando también una pena accesoria a la de prisión (inhabilitación política), curiosamente sin que la sentencia condenatoria esté definitivamente firme.

Hasta ahora se han verificado violaciones al Debido Proceso, al Derecho de ser oído ante un Tribunal Competente, a ser juzgado por el Juez Natural; entre otros Derechos y Garantías. Sobre lo cual académicos de gran trayectoria y respeto en el país, como Alberto Arteaga Sánchez y José Ignacio Hernández han hecho referencia. Adicionalmente, existen en este particular procedimiento aplicado a los Alcaldes por parte de la Sala Constitucional, dos aspectos a destacar, que resultan de igual modo en violación de Derechos Constitucionales: Uno de estos aspectos es la peligrosísima celebración de juicios, en ausencia del justiciable, y por otra parte, la violación del principio de legalidad en materia penal.

Sobre la celebración de juicios en ausencia, no hace falta mayor abundamiento, más que hacer referencia al artículo 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que “…durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección…”.

Es grave que se lleven a cabo juicios en ausencia del enjuiciado. Sin embargo, sobre este tema ya el Gobierno ha dejado ver su indiferencia. La última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, llevada a cabo por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2012, estableció que ante la negativa del imputado (detenido) de acudir a la audiencia en el Tribunal, se considera que el mismo es contumaz y se entiende que ha renunciado a su derecho a ser oído. Es por ello que no es de extrañar que los Magistrados de la Sala Constitucional vean con beneplácito, la celebración de juicios en total ausencia de los enjuiciados.  

Con relación al principio de legalidad en materia penal, por simple lógica se podría concluir, que se agota tras verificar que todo hecho catalogado como delito debe estar establecido en una ley. Sin embargo, ello no es así sobre todo en Venezuela. El principio de legalidad en materia penal, se alimenta a su vez de otros principios que no proceden de la Ley, de hecho son condicionantes y previos a esta, el legislador no los crea, simplemente los reconoce, estos principios que alimentan al principio de legalidad son la base filosófica para la construcción de una Teoría del Delito.

Ahora bien ¿Cuáles son estos principios? No habrá crimen ni pena sin acción o conducta, debe haber un acto humano, un comportamiento; No hay delito sin Ley, serán considerados como tales sólo los previstos en las leyes penales; No hay crimen ni pena sin ley escrita (La promulgación de leyes penales debe estar en manos del Poder Legislativo por ser la instancia legítima), cierta (Exigencia al legislador penal de dictar leyes taxativas y sin resquicios), previa (Irretroactividad de las leyes penales) y estricta (Prohibición de la analogía en materia penal). Otro de los principios se refiere a la ausencia de crimen sin injuria, lo cual se refiere al resultado dañoso que debe tener una conducta penal, en aras de proteger un bien jurídico; finalmente, no habrá crimen sin culpa, es decir que debe existir la posibilidad de imputar ese resultado al criminal.

La Sala al momento de decidir el amparo cautelar, advierte que al no acatar el mandato dispuesto en la sentencia, de acuerdo al artículo 29 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, los Alcaldes estarían incurriendo en desobediencia a la autoridad y a exponerse a la sanción del artículo 31 de la misma Ley de Amparo, que prevé pena de prisión de seis a quince meses, a quienes incumplan con un mandamiento de amparo constitucional.

Respecto a la violación del principio de legalidad en materia penal por parte de la Sala, se debe ir concluyendo de manera categórica lo siguiente: Los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no son normas que describan delitos, no están contenidos en leyes penales y no cumplen con los principios enumerados en párrafos anteriores; La Sala Constitucional incurriendo en fraude a la Ley, decide aplicar la pena de prisión prevista en el artículo 31 de la Ley de Amparo y olímpicamente, se hace la vista gorda a la remisión expresa que hace la norma del artículo 29, a la Falta de Desobediencia a la Autoridad prevista en el artículo 483 del Código Penal, que prevé pena de arresto de 05 a 30 días, o multa entre 20 a 150 unidades tributarias; todo con el más descarado propósito, de ordenar la captura de los alcaldes al aplicar pena de prisión y aplicar la pena accesoria a la de prisión de inhabilitación política, ya que la pena de arresto no tiene penas accesorias.

Cuando desde la máxima instancia de aplicación de la Ley y la Justicia, como lo es la sede del Poder Judicial de cualquier Estado de Derecho, se crean procedimientos judiciales paralelos a los establecidos en las leyes, con la única finalidad de encarcelar y hacer un barrido de las personas que tienen un pensamiento distinto al del Gobierno de turno; es momento de preocuparse y admitir, que ese Estado de Derecho ya no es tal, llámese dictadura o totalitarismo, pero Estado de Derecho, no.

Nota: Redactado el 13/08/2017 y reeditado el 15/07/2018.

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