En un conservatorio desarrollado en el marco de la Fería del Libro Jurídico de la Escuela Nacional de la Magistratura, el Dr. Yonathan Mustiola, director de Justicia Venezolana, analizó las consecuencias de la reforma del artículo 310 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), incluida en la última modificación de este instrumento de ley.

Sobre la última de las cuatros reformas ejecutadas sobre el mencionado Código Orgánico, el abogado enfatizó que, a su juicio, contraría seriamente derechos y garantías constitucionales, así como el principio de progresividad de los Derechos Humanos, “al eliminar de golpe y porrazo entre otros, el derecho del imputado a no ser juzgado en ausencia”.

En su análisis, y tras reiterar que dicha reforma fue objeto de demandas de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no sólo por su controversial contenido, sino por haber sido una reforma legislativa por parte del Poder Ejecutivo a través de un Decreto-Ley; Mustiola aseveró que resulta poco plausible en la práctica diaria, que los procesados se nieguen a acudir a la celebración de audiencias preliminares.

En tal sentido, dejo ver que esta medida en lugar de acelerar el proceso, solo contribuye al retardo procesal, hoy hecho ley en Venezuela.

“La realidad es que los presos sin condena en Venezuela no son trasladados oportunamente para sus audiencias y juicios por un par de razones. Estoy plenamente seguro que ninguna de ellas es porque se encuentre en rebeldía o estado de contumacia y no desee asistir al tribunal para que su proceso penal continúe. Que el juez lo asuma como una renuncia a su derecho a ser oído, eso es algo que carece de toda lógica”, precisó.

Sobre el mismo punto, recogido en un artículo académico difundido hace un lustro, el profesional del derecho sostuvo que la primera razón por la cual no se hacen los traslados y que no está contemplado en el artículo 310, es por las mafias carcelarias, que exigen al privado de libertad una cuota de dinero en el mejor de los casos, para gozar del derecho a ser trasladado a su tribunal el día de la audiencia.

A esto sumó, un nuevo motivo y es sencillamente porque los funcionarios de los sitios de reclusión desacatan la orden judicial de traslado al tribunal. “Sencillamente no ejecutan la orden del tribunal y el tribunal piensa que con solo enviar la boleta de traslado es más que suficiente, lo cual deja una sensación de desidia por parte de los operadores de justicia y no es sino hasta que los presos se amotinan, como sucedió recientemente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el Helicoide,cuando empiezan a darse estos traslados”, agregó.

Subrayando que el artículo 310 del COPP es violatorio de derechos constitucionales y por qué contradice el principio de progresividad de los derechos humanos, el jurista destacó que en la práctica, hoy este reglamento de ley es letra muerta, es decir, no hay un tribunal que ante la falta de un traslado, celebre una audiencia preliminar y mande a juicio al imputado en total ausencia de este.

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